Que, el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Que, la Ley 80 de 1993 constituye el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y regula los principios y reglas que orientan la actividad contractual de las entidades estatales.
Que, la Ley 1150 de 2007 introdujo medidas para la eficiencia y la transparencia en la contratación estatal y, en su artículo 2, definió las modalidades de selección de contratistas, a saber: licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa.